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Empresarios santafesinos y cordobeses solicitan un freno a las Saladas

Frente a las alarmantes versiones mediáticas de instalación de La Salada en cercanías a la autopista Rosario – Córdoba entidades que nuclean a sectores comerciales de ambas provincias solicitan de manera urgente a legisladores y ejecutivos municipales y provinciales de Santa Fe y Córdoba una normativa y acciones concretas que prohíban su asentamiento.

Convocados por la Asociación Empresaria de Rosario, representada por Ricardo Diab, la Federación Santafesina de Centros Comerciales Abiertos representada por Fernando Forgione, la Federación de Comercio de Córdoba representada por Ezequiel Cerezo, la FECECO representada por Eduardo Taborda, la Federación de Centros Comerciales Abiertos de Rosario y la Región, y con el acompañamiento de CAME, expresan estar en estado de alarma y solicitan una normativa y acción del ejecutivo para ponerle un freno a la supuesta instalación de La Salada.  

Juan Pablo Diab, asesor legal de AER y CAME, explicó que en la provincia en octubre de 2015 se sancionó una ley para evitar la instalación de La Salada en territorio santafesino y que la misma sentó las bases para lograr su objetivo. 

Sobre la gravedad de las ferias ilegales

La Salada fue caracterizada como la feria ilegal más grande del mundo por la Unión Europea.

Según el último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) de 2019 la venta ilegal en la vía pública y en saladitas ascendió a $10.015 millones en noviembre y cerraría aquel año en $120.177 millones. El dato surge de un relevamiento realizado en 2019 en 500 ciudades del país. Allí se encontraron 99 localidades con formatos comerciales tipo “Saladitas” y manteros en el 75% de las localidades recorridas. Se detectaron 490 saladitas con 45.653 puestos ilegales y 79.259 manteros en la vía pública. Hay 17% de menos puestos en saladitas pero se duplicaron los manteros. Sólo de IVA el Estado habrá perdido de recaudar $25.235 millones aquel año.

Los aspectos negativos, incluyen la pérdida de recaudación para el Estado, la existencia de trabajo esclavo, informal, personas sin aporte, obra social y organizaciones mafiosas que condicionan la vida de las personas que la integran.

Además, se comercializan productos de piratería, con falsificación de marcas, que circulan en la total ilegalidad, y que generan una competencia desleal que va en desmedro de todas aquellas actividades productivas y comerciales que lo hacen formalmente, con costos impositivos, laborales, alquileres, etc.